Derechos y Obligaciones del contribuyente ante una inspección tributaria.
Introducción
La inspección tributaria es un medio para lograr el efectivo cumplimiento de la obligación tributaria, que corresponde ejercer al estado dentro de los límites que preservan los derechos y garantías del administrado. Las fiscalizaciones deben tratar de evitar molestias a quienes
cumplen, deben tender a desalentar conductas evasivas y ser ejemplificadoras en sus resultados.
La labor de fiscalización constituye la etapa previa al procedimiento subsidiario de determinación, es decir el conjunto de actos preparatorios que pueden dar lugar a que se inicie el procedimiento de determinación de oficio.

Cuando analizamos las obligaciones y la vigencia de los derechos y garantías a favor del contribuyente es de rigor tener presente el principio de la buena fe que subyace en el accionar de la inspección tributaria, bajo el principio jurídico de que la administración debe ejercer sus derechos conforme a las exigencias de buena fe. Si la inspección tributaria no observa un proceder de buena fe, podemos afirmar que sus funciones son abusivas y antisociales.

La ley 11683 otorga a la AFIP la potestad de fijar deberes formales con el objeto de facilitar el control de las obligaciones tributarias, con amplias facultades para fiscalizar la situación del contribuyente, responsables e incluso terceros que no son parte de la relación jurídica
tributaria.

La amplitud de estas facultades se encuentran plenamente justificadas por las características de nuestro sistema tributario, basado en la autodeterminación de los tributos, ya que tal determinación sobre la base de las DDJJ tiene carácter general en nuestro ordenamiento.
No obstante tales derechos a favor del fisco, el poder de inspección viene acotado al respeto irrestricto al orden constitucional; donde no tienen cabida la prepotencia y el abuso de exigencias desmedidas contra el inspeccionado.

La idea del presente trabajo es analizar las consecuencias jurídicas que derivan de una inspección tributaria, de modo que el contribuyente sepa claramente cuales pueden ser sus posibles efectos y resultados. A partir de que momento se produce el inicio de la inspección y cual es el momento de su finalización. Como debe ser el obrar del contribuyente durante dicho periodo y a la finalización del mismo.

Apertura de la inspección
El proceso de fiscalización se inicia por lo general con la selección previa de contribuyentes que efectúa un equipo de inteligencia fiscal dentro de la AFIP, de acuerdo a inconsistencias detectadas en los cruzamientos de información o en las declaraciones juradas presentadas.

Hoy según surge de los dichos de importantes funcionarios del organismo fiscal, los procesos de fiscalizaciones no se realizan a ciegas o al azar, la apertura de una auditoria fiscal se realizan previendo de antemano una alta probabilidad de detectar ajustes. La información proveniente de la inteligencia fiscal previa, facilita al inspector el conocimiento de la materia a fiscalizar y le proporciona una primera orientación del ajuste a practicar.

La apertura del proceso de verificación se realiza mediante la notificación al contribuyente de dicho acto por medio del F 8000, el cual debe estar debidamente suscrito por los inspectores actuantes y la del supervisor encargado, detallándose las obligaciones y los periodos a controlar.

A partir de esa notificación, comienza formalmente la inspección fiscal, la cual a pesar de lo expresado no implica que deba arrojar necesariamente, algún ajuste a favor del fisco.

En el mismo acto de notificación, los inspectores actuantes proceden a labrar acta de inspección y entregar al contribuyente requerimientos de información. En las actas dejaran constancia de ciertos hechos de trascendencia tributaria que pueden tener relevancia durante
 
el proceso de la auditoria, invitando a suscribir dicha acta al contribuyente.
El contribuyente puede negarse a firmar el acta o bien a responder en el momento determinados interrogantes que formulen los inspectores, informando a los inspectores que responderá por escrito o bien luego de contar con debido asesoramiento.

No obstante, la falta de firma del contribuyente en el acta no enerva su fuerza probatoria. Si el contribuyente no esta de acuerdo con su contenido y no puede dejar constancia de sus observaciones, no debería firma las mismas, a los efectos de evitar convalidar, por aplicación de la teoría de los actos propios, las aseveraciones contenidas en las mismas

OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE
Obligación de colaboración. (los Requerimientos de información)
Dentro de los deberes que el ordenamiento impone a los sujetos pasivos, se encuentra el deber de colaborar con las actuaciones y diligencias que hacen a la potestad, que en materia de comprobación e investigación detenta la AFIP.

Esas tareas de colaboración generalmente se materializan con los requerimientos de información. Es habitual que desde antes del inicio de una inspección, como parte de las tareas de inteligencia fiscal, la administración envíe a los potenciales contribuyentes a fiscalizar, requerimientos de información relativas a sus movimientos económicos, no debemos confundir el envío de requerimientos con la apertura de una inspección, los requerimientos son simplemente obligaciones de colaboración impuestas al contribuyente.

Los requerimientos previos a la inspección tienen básicamente como finalidad confirma ciertas inconsistencias ya detectadas y proceder a al apertura de la inspección.

Una cuestión que merece especial tratamiento, es el relativo al plazo para el cumplimiento de los requerimientos que generalmente es fijado por el funcionario, sin perjuicio de ello atendiendo a la razonabilidad y por aplicación supletoria de la ley de procedimientos administrativos, el mismo debería fijarse en un plazo no menor a 10 días, considero que antes del vencimiento del plazo, el contribuyente puede pedir ampliación para contestar. Si bien es facultad de la AFIP aceptar o no tales pedidos, su denegatoria debe notificarse dos días antes del vencimiento del plazo original por aplicación supletoria de la ley 19549.

Obligación de exhibir libros y otros registros especiales El art. 35 inciso c de la ley 11683 faculta al organismo fiscal a inspeccionar los libros,
documentos y anotaciones, dejando constancia en acta de los elementos exhibidos, como de las manifestaciones de los interrogados.

En esa línea la AFIP, podrá verificar los libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias y de terceros que se vinculen con la materia imponible. Tal exigencia podrá ser requerida aun a terceros cuando fuere necesario para el curso de la auditoría fiscal.
Obligación de exhibir documentación respaldatoria de las registraciones con sus comprobantes


La AFIP tendrá amplia facultades para fiscalizar la documentación respaldatoria de los libros y registros llevados por el contribuyente, verificando el cumplimiento del tercer párrafo del art. 33 que dispone que todas las personas o entidades que desarrollen algún tipo de actividad retribuida deberán llevar registraciones con los comprobantes que las respalden y emitir comprobantes por las prestaciones o enajenaciones que realicen.

También podrá exigir que todas las registraciones contables estén respaldadas con sus comprobantes, siendo de la fe que estos merezcan el valor probatorio de los registros.

Los contribuyentes deben conservar los comprobantes por el término de 10 años. Es obvio que estas obligaciones generan un alto costo para el contribuyente, debiendo conservar comprobantes y registros en una plazo que excede el de la prescripción. Tal exigencia no encontraría asidero salvo para situaciones especiales (el caso de las amortizaciones).

El art. 49 del Dto. Reglamentario de la ley 11683 determina las formas en que deberá exhibirse la documentación, ordenada y clasificada de manera de otorgar facilidad en la fiscalización, de los contrario se podría considerar como resistencia pasiva a la fiscalización.

Quedan exceptuados únicamente de esta obligación quienes actúen en relación de dependencia. Sin perjuicio de ello se faculta a la AFIP a limitar tal obligación en atención al pequeño tamaño económico de los contribuyentes y de efectuar menores requerimientos de información en razón de la índole de la actividad y la necesidad o conveniencia de individualizar a terceros.

Obligación de contar con los libros y documentación en el domicilio fiscal del contribuyente El último párrafo del art. 33 de la LPT dispone que los comprobantes, libros y registros que resulten exigibles deberán permanecer a disposición de la AFIP en el domicilio fiscal del contribuyente.
 
Es habitual que los libros contables y demás registros se encuentren en el domicilio del asesor contable e impositivo. Por lo general tal situación es aceptada en forma pacifica por las inspecciones, no obstante ello es aconsejable cumplir la obligación legal de tenerlos en el domicilio fiscal a los fines de evitar eventuales sanciones formales o actuar de tal manera que tales documentos estén de inmediato a disposición de los funcionarios
Obligación de presentación documentos e información en el lugar indicado La presentación de los comprobantes comprende la exhibición de los mismos, la cual puede ser realizada en el domicilio fiscal del inspeccionado o de conformidad a los previsto en el art. 14 del DR de la ley 11683, en las oficinas del organismo fiscal, si así lo requiere el funcionario actuante.

DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS
Se observa con preocupación que el sistema procedimental tributario y aún sustantivo está plagado de deberes a satisfacer por el contribuyente, pero son escasas las referencias explícitas que hacen mención a los derechos y garantías de los contribuyentes.

No obstante ello, por aplicación supletoria de otras normas jurídicas e incluso de nuestra carta magna, son abundantes las herramientas con que cuentan los contribuyentes, que le otorgan derechos y le ofrecen garantías frente a un inspección tributaria.

Los derechos de los contribuyentes imponen al poder público, y en especial a la administración tributaria, el deber de garantizar su efectiva vigencia en forma cierta y no elusiva. Son derechos que las normas legales otorgan a los contribuyentes de modo de poder exigir su vigencia y
aplicación ante determinadas situaciones. Para la preservación de esos derechos hoy en día el administrado tiene a su favor garantías procesales idóneas.

Derecho al principio de la presunción de inocencia
Dentro del catálogo de derechos del contribuyente opera como tal, la presunción de inocencia dentro de todas y cada una de las fases del procedimiento administrativo.

La garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, no pertenece tan sólo al ámbito de derecho penal, sino que se extiende en todos los órdenes jurisdiccionales donde se incluyen todas las fases o etapas del procedimiento administrativo.

Ello significa que nunca puede sustraerse a los administrados de un mínimo de garantías que son ínsitas en todo proceso: la presunción de inocencia.
No debemos confundir la presunción de legalidad con la presunción de certeza. En principio todos los actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad (art. 12, ley 19549) pero no todos tienen la presunción de veracidad o certeza, pues para que esto último suceda, debe desvirtuarse la presunción de inocencia que regula el artículo 18 de la Constitución Nacional.

De lo transcripto cabe extraer las siguiente definición: todo acto administrativo nace, prima facie, con la presunción de legitimidad, pero si la administración no aporta ningún elemento probatorio no cabrá que pueda enervarse la consideración de inocente de la que goza el administrado.
Ello significa que lo que se refleja en actas de inspección, no son suficientes para destruir la presunción de inocencia del administrado.

Cabe recordar que es imperativa la vigencia de la presunción de inocencia en las etapas administrativas y ello debe ser trasladado a la actividad inspectora de la administración, dado que dicha actividad actúa como una verdadera antesala del procedimiento sancionador, actividad que culmina con la extensión de un acta que puede condicionar su suerte entera.

So color de reforzar el poder de la inspección no es posible desmerituar el principio de presunción de inocencia del administrado que también rige en el campo administrativo, y tal agravio a la precitada garantía constitucional no hace otra cosa que provocar disfunciones en los procedimientos de inspección, que siempre operan en contra del contribuyente.

Derecho a no atutoincriminarse
La inspección tributaria está obligada en toda verificación que practique, a notificar al inspeccionado que dicha verificación puede tener consecuencias penales tributarias, a efectos de que el administrado pueda ejercer conductas no autoincriminatorias.

Para preservar sus derechos hoy en día el administrado tiene a su favor garantías procesales idóneas. Ello no es otra cosa que al momento de iniciarse una inspección, mediante la pertinente libranza de la orden de intervención, y previo a responder a lo solicitado, el administrado tiene a su disposición lo regulado por el artículo 1º de la ley 19549, es decir, mediante una presentación por escrito, peticionar saber si la colección y verificación de datos lo es para la vía administrativa o para la vía penal tributaria.

El Fisco está obligado a responder por escrito dicha petición, a tenor de la cual el administrado enfocará su conducta sobre lo solicitado por los inspectores tributarios.

Dicho proceder, ejercido en tiempo hábil, con la debida forma procesal, no traduce ningún alzamiento u obstrucción a la fiscalización ni genera infracción alguna. Lo que antecede es fundamental para impedir derivar actuaciones administrativas al campo penal tributario, dado que si el inspeccionado no es advertido previamente por la inspección de que puede existir en su contra conducta penal tributaria, se podría autoincriminar mediante el aporte de datos a la inspección por la vía de la coacción administrativa.

En las constataciones verbales que se practiquen a un inspeccionado, le está vedado a la administración exigirle al contribuyente absolución de posiciones (prueba de confesión) porque ello importa declarar contra sí mismo en abierta vulneración de la garantía del artículo 18 de la
Constitución Nacional.

No es posible que inspectores, cumpliendo funciones administrativas, utilicen las mismas con el propósito de construir un proceso penal posterior, más cuando los inspectores intentan ejercer sus poderes para obtener confesiones.

Aparece incuestionable que la función de inspección es una función verificadora bajo las atribuciones inquisitivas de la ley administrativa, pero ello no es ni puede ser asimilado a una función judicial.

La función de inspector es en esencia verificar y descubrir hechos tributarios, pero no es función de los mismos tomar decisiones o valoraciones de conducta a priori.

Lo expresado importa alertar que todo testimonio obtenido por la inspección tributaria bajo compulsión en una actuación no penal, no puede ser utilizada como soporte de un proceso penal tributario, y sobre todas las cosas, el interés público no puede ser invocado para justificar el uso de respuestas obtenidas compulsivamente en una actuación no judicial con el fin de incriminar al verificado mediante juicio penal tributario.
 
Dicho en otras palabras, la inmunidad de declarar contra sí mismo es una garantía que no puede ser violada por actuaciones coactivas administrativas.
Resumiendo, la actividad inspectora, siempre deberá estar sujeta a la justicia racional bajo supervisión de los Tribunales, y de manera alguna puede tolerarse dicha actividad ejercida impropiamente con presión psicológica sobre el administrado.

El punto de contacto entre dos ramas del derecho, no legitima a que pueda entenderse que la Administración se encuentre autorizada a manipular los procesos penales tributarios abusando de la discrecionalidad administrativa.

Derecho a limitar el plazo de la inspección
Cualquier proceso fiscalizador no podrá exceder de tres meses, salvo casos debidamente justificados, a cuyo vencimiento se producirá la preclusión de inspección.

Es menester fijar un plazo máximo de duración de los procedimientos de inspección, excepto supuestos de casos excepcionales, y no es legal mantener al administrado en la incertidumbre del procedimiento dispendioso y sin plazos fijos de la inspección; razón de orden constitucional, que llama a establecer el principio de caducidad de inspección cuando la administración abandona por un tiempo la tarea de verificación que está ejercitando contra un contribuyente determinado.

Derecho a no suministrar documentación previamente aportada
El contribuyente no está obligado a suministrar a la inspección copia de la documentación previamente aportada a la administración tributaria, como tampoco está obligado a aportar datos que no contienen trascendencia tributaria y que son propios del ámbito de su intimidad (ejemplo: detalle cualitativo y discriminado del monto consumido).

Derecho a la asistencia de un asesor fiscal
La facultad a favor de todo contribuyente, en ocasión de una verificación impositiva, de ser asistido por un asesor fiscal, so pena de nulidad de la verificación, si la administración no hace constar expresamente tal derecho o posibilidad al inspeccionado.
 
Es necesario e imprescindible que los profesionales en Ciencias Económicas ejerzan en todo momento de actuación de la administración tributaria; en salvaguardia de los inspeccionados, el arsenal de recursos que la legislación les provee para limitar los posibles los excesos de los inspectores en concordancia plena con las garantías supra contenidas en los tratados internacionales incorporados al artículo 75, inciso 22), de la Constitución Nacional, con el fin de poner limites a eventuales excesos del actuar administrativo, es decir, interdictar los excesos del proceder de la administración.

La existencia de poderes exorbitantes que se han dictado para sí la administración tributaria denuncia la posición a que han sido sometidos los contribuyentes, y tal manifiesto abuso por parte de la autoridad es justamente el motivo que requiere poner coto a las arbitrariedades, en especial, del accionar de la inspección tributaria.
Por ende, conviene sugerir cuán necesaria resulta la actuación del profesional en ciencias económicas, para hacer mensurable la actuación pública y para operar como el principio de prohibición del exceso de las funciones de verificación.

Derecho a la unicidad de inspección
Imposibilidad de la administración, luego de cumplir su cometido de inspección, de efectuar una nueva verificación por los mismos impuestos y por los mismos períodos (norma existente en la legislación de España bajo el rótulo de "unicidad de inspección").

Para preservar esta garantía, en la actualidad el administrado puede interponer el recurso de "habeas data" regulado por el artículo 43 de la Constitución Nacional, a fin de conocer si al finalizar la inspección, el Fisco ha concluido en una situación contraria a derecho contra su persona, o por el contrario la inspección no tiene observación alguna que efectuar a dicho contribuyente.

El "habeas data" se caracteriza como comprensiva de aquellos derechos que tienden a una protección integral, plena, amplia, de la persona humana, eje y centro del derecho, tanto público como privado.

Asimismo se debe propender a la preclusión del accionar de la inspección tributaria, para evitar lo arbitrario que significa reiterar inspecciones sobre el mismo contribuyente y por los mismos períodos fiscales.

Derecho a la información sobre el resultado de la inspeccion ¨habeas data¨
A la finalización de la inspección la administración debe informar por escrito, con efecto vinculante para el fisco, el resultado de la verificación, determinando en forma concreta el resultado obtenido de dicha actividad instrumental Caso contrario el administrado está facultado para interponer el recurso de "habeas data" en garantía de sus derechos.

Derecho a procedimientos claros y completos
Los métodos de reconstrucción de las bases imponibles efectuados por la inspección deberán ser clara y completamente expuestos al contribuyente a los efectos de garantizar los derechos de contradicción del administrado en la etapa procesal respectiva Deberá ponerse en conocimiento expreso del inspeccionado que se procederá a solicitar información adicional o cruzada a terceras personas, a efectos de que el contribuyente pueda oponer las acciones que entienda corresponder.

Derecho a recusar inspectores
Todo inspector tributario puede ser recusado con causa, cuando en su proceder excede los límites que autorizan su accionar. Por aplicación supletoria de la ley 19549, el derecho a recursar al inspector encuentra sustento legal en el artículo 6º de la ley de procedimientos administrativos.
Derecho a denunciar penalmente a funcionarios por violación de los deberes de funcionario público y extorsión Ante supuesto de arbitrarias mediciones de los hechos imponibles que realizan a priori, como auténticos "dibujos" en los llamados informes de inspección.

En más de una ocasión dichos informes, en especial dirigidos a causa penal tributaria, están incursos en las conductas disvaliosas reprimidas por los artículos 248, 266 y sus concordantes del Código Penal de la Nación, es decir, en violación de los deberes de funcionarios públicos y extorsión respectivamente.

Tales conductas, que se observan con bastante asiduidad, en nada hacen a una buena relación "Fisco-contribuyente", la cual es el principal pilar del cumplimiento voluntario de la obligación tributaria.

Toda la protección legal del contribuyente está reducida como consecuencia de dichas conductas disvaliosas de la administración, lo que permite afirmar que no existe un plano de igualdad entre la demanda de percibir impuestos y los derechos del contribuyente.

Finalización de la inspección
Como finalización de una proceso de inspección fiscal, los inspectores y funcionarios actuante hacen entrega a los responsables de copias de las liquidaciones practicadas para su consideración, otorgando un plazo a los efectos de su aprobación o formulación de reparos, informando que si al vencimiento de dicho plazo, no se prestara conformidad con las citadas liquidaciones, las actuaciones administrativas se girarán al sector competente para la consideración de la procedencia de la determinación de oficio.

Es importante destacar que en caso de aceptar las liquidaciones hechas por los inspectores, tal situación no lo exime en absoluto de la posibilidad posterior de la instrucción del respectivo sumario y la aplicación de multas en función de la valoración jurídica de la conducta del
contribuyente.

Las liquidaciones de los inspectores y otros funcionarios no constituyen de modo alguno determinación administrativa, la que solo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de juez administrativo, es decir, lo que digan o hagan los fiscalizadores no obliga a la AFIP, pues únicamente la representan los jueces administrativos.

Tal lo comentado, si el contribuyente no conformase las liquidaciones precitadas confeccionadas por los inspectores, tales funcionarios procederán a elevar a la sección encargada de la determinaciones de oficio el expediente a los efectos que tal sección proceda a dar inicio al proceso determinativo administrativo.

Tal procedimiento se inicia con una vista del juez administrativo al contribuyente de las impugnaciones y cargos que se le formulan, debidamente fundamentados, con la finalidad de que esta pueda ejercer su derecho de defensa, notificándose en el mismo acto la instrucción del respectivo sumario.

El contribuyente tiene un plazo de 15 días para expedirse respecto de los cargos que se le formulan, manifestando por escrito su descargo y ofreciendo o presentando las pruebas que hagan a su derecho. Este plazo puede ser prorrogado por una sola vez por un lapso igual por resolución fundada, este plazo extraordinario comienza a correr a partir del día siguientes al de la notificación de la resolución que la otorga. El silencio de la administración debe entenderse como negativa a lo peticionado, la denegatoria debe ser notificada por lo menos con dos días de antelación al vencimiento del plazo cuyo prorroga se solicitó.

Descargo
a- En disconformidad con ofrecimientos de pruebas.
Si el contribuyente manifiesta disconfomidad con los cargos formulados y simultáneamente ofrece pruebas, el juez administrativo deberá resolver acerca de su admisibilidad o rechazo, debiendo este basarse en razones de importancia debido a la restricción del derecho de defensa que ello importa. En el caso de aceptación de las pruebas ofrecidas el funcionario fijará un plazo para su sustanciación, debiéndose notificar a las partes la providencia que determine que pruebas son admitidas y en su caso la fijación de audiencias. La ley 11683 no determina cuales son los medios de prueba que puede valerse el interesado, por lo cual debe recurrir a la LPA la cual determina que se admitirán todos los medios de prueba salvo los que fueran manifiestamente improcedente, superfluos o meramente dilatorios, es decir en principio son admitidos todo los medios de prueba conocidos del derecho común, empero en materia tributaria las mas comunes son la pericial, documental, testimonial, de informes, etc.

b- En silencio o sin ofrecimiento de pruebas.
Si el contribuyente guarda silencio ante la vista corrida o si discute la pretensión fiscal sin ofrecer pruebas, el silencio puede ser interpretado como aceptación tácita de lo actuado y justifica se dicte resolución que declare la caducidad del derecho a ofrecer pruebas, si el interesado contesta per no ofrece pruebas, también se debe dictar resolución haciéndolo constar. En ambos supuestos la resolución debe determinar el tributo e intimar su pago.

c- Conformidad.
En el caso de conformidad del contribuyente antes de la determinación de oficio, el juez administrativo podrá no dictar resolución, teniendo tal conformidad un doble efecto, para el contribuyente el carácter de DDJJ y para el fisco el de determinación de oficio, es decir el acto adquiere fijeza e irrevocabilidad para ambas partes.

Resolución
Una vez evacuada la vista por el responsable o cuando hubiere transcurrido el término fijado para el descargo y el ofrecimiento de pruebas el juez administrativo dictará resolución fundada determinado el tributo e intimando a su pago dentro de un plazo de 15 días.

Transcurrido 90 días desde la evacuación de la vista o del vencimiento del término otorgado al interesado, sin que se dicte la correspondiente resolución el afectado podrá solicitar pronto despacho y si pasaren otros 30 días desde dicho requerimiento sin dictar pronunciamiento caducará el procedimiento sin perjuicio de la validez de la pruebas y del derecho del fisco para iniciar por una solo vez un nuevo proceso, debiéndose solicitar autorización especial al titular de la AFIP.

· Recursos contra la determinación.
Los recursos contra la determinación de oficio están previstos en el art. 76 ya sea se trate de determinación sobre base cierta o presunta, y según el art. 68 se podrá optar por:
- Recurso de reconsideración ante la AFIP.
- Recurso de apelación ante el TFN.

Conclusión
La inspección tributaria es un medio para lograr el efectivo cumplimiento de la obligación tributaria, que corresponde ejercer dentro de los límites que preservan los derechos y garantías del administrado.

No negamos los legítimos derechos de la administración en su tareas de fiscalización, pero es también necesario que se deba proteger al contribuyente de los errores y de las medidas arbitrarias, que en su caso pueda cometer la administración fiscal.
 
Actualmente en nuestro país, los contribuyentes no están lo suficientemente protegidos de las intrusiones arbitrarias del organismo público en el fuero privado del particular, como tampoco están suficientemente protegidos de las arbitrarias mediciones de los hechos imponibles que realizan a priori, como auténticos "dibujos" los llamados informes de inspección.

Es importante el rol cotidiano de Intermediación entre fisco y contribuyente que desempeñan los profesionales en ciencias económicas, para ello el profesional debe ser estar lo suficientemente preparado como para defender los derechos que por ley les corresponde a sus clientes.

Es por ello que nuestra profesión, injustificadamente atacada en más de una ocasión por funcionarios de la administración tributaria, posee, los atributos para exponer a la opinión pública, el manto de sombra jurídica que hoy se abate contra el contribuyente a través de potenciales conductas inconsultas de la inspección tributaria.

(*) Contador Público, especialista en tributación, profesor titular de la cátedra de Practica Profesional I de la Universidad de la Cuenca del Plata, expositor en numerosas jornadas tributarias y autor de artículos de la especialidad